¿Cuántos municipios tiene la nueva Ciudad de México?

O dicho de otro modo… ¿de qué color son las mangas de chaleco blanco de Napoleón? Lo magnífico de la política mexicana es que, si fuera tema a legislar (y existiera algún interés él), por decreto podría ponérsele mangas.

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El pasado 29 de enero entró en vigor la llamada “Reforma política de la Ciudad de México”, por medio de la cual se asignaba un nuevo nombre al Distrito Federal y, sin convertírsele en un estado (ojo, esto es importante, aun cuando parte de los opinadores haya dicho que sí se convertía en uno), adquiría casi todas las facultades reservadas a ellos. Por ejemplo, contar con su propia constitución, decidida (en teoría) por ciudadanos de la entidad y no por los legisladores federales, como ocurría cuando la capital se regía por el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (aunque cabe aclarar que el 40% de los diputados constituyentes serán elegidos por los poderes federales y no por los ciudadanos capitalinos). Otra novedad es que el poder legislativo de la Ciudad de México sí tendrá voto para aprobar o rechazar modificaciones a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (o sea que formará parte del llamado Constituyente Permanente), facultad que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tenía. Pero nada que por sí mismo verdaderamente cambie la vida cotidiana. Para decirlo más claro: los habitantes de la Ciudad de México seguimos siendo (como nos nombraron tantas veces nuestros legisladores durante el proceso legislativo de esta reforma política) ciudadanos de segunda, ni siquiera nos permiten decidir la totalidad de las personas que escribirán nuestra primera constitución. Pero al menos nuestro gobierno local sí pasará a ser uno de primera en lo que respecta a su participación en la vida política del país.

Sin embargo, lo que más llama la atención de toda esta Reforma política de la Ciudad de México no es lo que le ocurra a esta capital, sino una frase agregada al texto constitucional que dice: “Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los Municipios estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales” (artículo 115, fracción V). Cabe señalar que el artículo 115 constitucional habla de los estados y municipios. Pero… ¡sorpresa! ¡La Ciudad de México (que es el objeto de toda esta reforma) como dijimos no es un estado! ¡Y sorpresa! ¡No tiene municipios! (Tampoco los tendrá, tendrá alcaldías). ¡Y una sorpresa más! En la iniciativa original, enviada por el PRD, jamás se propuso reformar el artículo 115, sino que dicha modificación fue contrabandeada en el camino por quien dictaminó la iniciativa. ¿Tenía pertinencia entonces inventarle una modificación al 115?

Y sin embargo no fue tan inventada. Hay una frase desde la iniciativa original que se parece (como si fuera calca) a la que estamos señalando, pero que sí se refiere en cambio a la Ciudad de México y no a municipios que nada tienen que ver con ésta: “Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de México estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales” (artículo 122, apartado B). Pero si la reforma al 115 no tiene relación ni efecto sobre la materia objeto de la iniciativa (la Ciudad de México y sus alcaldías), ¿por qué su repentina inclusión? Eso es algo que no se explica en ninguna de las 480 páginas en que consiste el dictamen elaborado en el Senado.

¿Había realmente motivos para meterla como polizón? Si los había, ¿por qué no los expusieron? ¿Fue la manera de igualar ahora no a la Ciudad de México con los estados, sino a los estados con la Ciudad de México? ¿Fue una pifia en el Senado? ¿Fue la moneda de cambio por medio de la cual el PRD buscó reflectores y el gobierno federal ampliar eventualmente su jurisdicción territorial? ¿Bajo qué lógica (o bajo qué consigna, en su caso) los congresos locales, que pueden aprobar o rechazar las reformas constitucionales, votaron a favor de perder jurisdicción sobre su propio territorio? ¿Qué se gana y quién gana con ello?

De prosperar esta nueva modificación y no haber alguna reforma constitucional que la corrija o algún pronunciamiento de la Suprema Corte de inconstitucionalidad, los inmuebles de la Federación escaparían de tener que cumplir la normatividad urbana, la ambiental local o la protección patrimonial que pudieran brindar autoridades municipales y estatales. Imagine cada quien las consecuencias del mal empleo que pudieran darse a estas disposiciones. Yo me limitaré a no especular, pero ahí están los hechos inconsistentes en la inclusión del texto expuesto. Esperemos no tengamos que ir más allá de ese “imagine cada quien”.


Museo de las preguntas

¿Cuántos legisladores revisan un dictamen de 480 páginas? ¿Es funcional esa forma de hacer y trabajar sobre un dictamen legislativo? ¿Cuántos ciudadanos conocen (sino por la reforma, al menos por infografías) qué implica, supuestamente, el cambio de Distrito Federal a Ciudad de México? ¿Alguien en esta capital se siente a partir del 29 de enero un ciudadano de primera? ¿La modificación al 115 puede ser una antesala a lo que se proponga (o se inserte de última hora) en la prometida nueva Ley General de Asentamientos Humanos? ¿Son los municipios existentes las estructuras administrativas y los contenedores territoriales adecuados para la realidad actual? ¿Para qué se fragmentan más municipios que los que se fusionan? ¿Es rentable política y económicamente fusionarlos?

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